Relación de depurados

La depuración de empleados públicos es la remoción de personas consideradas peligrosas o indeseables por parte de los líderes de un gobierno u otra organización política o religiosa. En la dictadura franquista fue un elemento decisivo de control que tenía como fines separar y destituir a las personas «desafectas», en las administraciones locales (y también en el resto de Administraciones Públicas). Los procesos de depuración se iniciaron durante el transcurso de la Guerra Civil Española y continuaron durante la etapa final del conflicto bélico en 1939 con un conjunto de decretos y leyes que juzgaban el grado de colaboración de los funcionarios públicos con la Segunda República (1931-1939).

El proceso de depuración no solo implicaba la revisión de la actividad política de los funcionarios, sino también su historial profesional y personal. Los funcionarios que no superaban la depuración podían ser destituidos de sus cargos, lo que implicaba la pérdida de empleo y, en muchos casos, la prohibición de ejercer cualquier otro tipo de actividad profesional. Además, algunos de ellos, podían enfrentar represalias más severas, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución, especialmente durante los primeros años del régimen franquista de depuración tuvo un impacto significativo en la administración pública española, ya que implicó la expulsión de muchos funcionarios y la sustitución por individuos leales al régimen franquista, lo que contribuyó a consolidar el control del Estado por parte de las autoridades franquistas y a perpetuar la represión política durante la dictadura.

De los 48 empleados públicos con expedientes, individuales o colectivos, 24 concluyeron con la reincorporación del empleado sin imposición de sanciones, mientras que 24 culminaron con una sanción contra el funcionario. Los funcionarios que no superaban la depuración podían ser cesados de sus cargos, lo que implicaba la pérdida de empleo y, en muchos casos, la prohibición de ejercer cualquier otro tipo de actividad profesional. Además, algunos de ellos podían enfrentar represalias más severas, como la detención, el encarcelamiento o incluso la ejecución, especialmente durante los primeros años del régimen franquista. Para evitar esto muchos se convirtieron en exiliados
Las sanciones consistían en el cese definitivo o en la suspensión de empleo y sueldo durante un periodo de tiempo que iba desde los dos meses hasta los 14 años.

Los criterios para la depuración podían variar, pero en general incluían aspectos como la participación en organizaciones políticas o sindicales (Casa del Pueblo, socialistas, ideas izquierdistas, ser ateo, ser masón, escuchar la “radio de Rusia” etc.) consideradas antifranquistas, la pertenencia a determinadas corrientes ideológicas contrarias al régimen, la actividad pública en contra del franquismo, o incluso antecedentes familiares que pudieran vincular al individuo con la oposición al régimen.

Entre los cargos o puestos que ocupaban las personas inmersas en procesos de depuración se encontraban, entre otros,  los de interventor, farmacéutico, enfermero, conductor, portero, fogonero, administrativo, zapatero. La mayoría de ellos eran del género masculino. Solo 4 eran mujeres.