Historia de la Diputación de Cáceres

Cáceres se crea como provincia en 1833. Hasta entonces sus municipios pertenecieron a la provincia de Extremadura. Será con la caída del Antiguo Régimen y con la división provincial de Javier de Burgos cuando se divida la antigua provincia de Extremadura en dos: Badajoz y Cáceres y se configure como la conocemos actualmente. En aquel momento la provincia, pues, se erigió como poder intermedio entre el municipio y el Estado, como el campo uniforme de actuación política y administrativa, y sobre ella se fueron creando instituciones para gobernarla como fueron el Gobierno Civil y la Diputación Provincial. (1)

En este mismo contexto de creación de la provincia de Cáceres surge su Diputación en 1835, según se deduce de su acta fundacional, ya que las diputaciones son creadas ex novo, asumiendo un papel de conciliadoras del Estado central. Las diputaciones como instituciones de ámbito provincial nacieron gracias a las ideas liberales de la Constitución de Cádiz de 1812 que las crea en su artículo 325, “En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad…”. La Diputación estaría presidida por el jefe superior y formada por el intendente y siete miembros elegidos. En la constitución, junto a la figura del jefe político, sitúa a la Diputación a la que modela como órgano colegiado. Desde los debates parlamentarios se insiste en que las diputaciones no ejercen la representación de la provincia sino que deben asistir al jefe político, apareciendo la figura del Gobernador Civil. (2)

Las circunstancias históricas de alternancia de ideas en el gobierno político, las hace desaparecer o renacer en sucesivos momentos y no será hasta 1835, cuando se consoliden de manera definitiva. Estos mismos cambios políticos son los que contribuyen a que se alternen periodos marcados por el centralismo, propio de los gobiernos conservadores, con otros de mayor autonomía y descentralización durante las etapas progresistas. En sus primeros momentos, las Diputaciones no son órganos propiamente administrativos, sino más bien juntas políticas cuya misión más importante era fiscalizar a los Ayuntamientos: examinar, supervisar y aprobar los presupuestos municipales, emitir dictámenes sobre la demarcación de límites de término municipal o establecer y organizar los cuerpos de milicia nacional y local.

A partir de 1863 la Diputación gana competencias y será con el artículo 99 de la Constitución de 1869 cuando se introduzca una novedad importante porque los textos constitucionales de 1837 y 1845, solo remitían a leyes específicas. En ese momento, la Diputación Provincial adquiría la dirección de los intereses de la provincia. Sus sesiones, presupuesto o acuerdos debían ser públicos. Pese a ello, no podían extralimitarse en sus funciones, por ejemplo, no podían establecer contribuciones que entraran en contradicción con los tributos generales. Con la ley de 1870 se afirmaba su carácter representativo y surgía la figura del presidente de la Diputación. De ese modo, la Diputación dependería menos del jefe político, es decir, de la figura gubernamental o Gobernador Civil. Se crea además la Comisión Provincial como una especie de órgano permanente. (3) En cuanto a las nuevas competencias que recibe podemos relacionarlas con:

• Las obras públicas que la hace ocuparse, con preferente interés, de la vía férrea que debía cruzar por la provincia o de la construcción de puentes, carreteras y caminos vecinales. Así interviene en la llegada del ferrocarril en su línea férrea Madrid – Lisboa, gracias a Segismundo Moret: Este tramoferreo e inaugurado por Alfonso XII y Carlos I de Portugal. Se ocupa tambien de la construcción del Hospital Provincial (1892) o en del trazado del Paseo de Cánovas.

• La agricultura y la ganadería creando la Granja Agrícola (1861) con el fin de incentivar el desarrollo agrícola y ganadero de la provincia y el Banco Agrícola Hipotecario (1860) para proporcionar préstamos a bajo interés a los agricultores.
• Las quintas y milicias: con la guerra carlista la Diputación se convierte en un organismo paramilitar que gestionaba indemnizaciones y sostenía un batallón y escuadrón de Milicia Nacional.
• La beneficencia y la sanidad. En 1868 al suprimirse las Juntas de Beneficencia y asumir sus funciones las Diputaciones, en Cáceres surge la Casa Cuna o los Colegios Provinciales donde se montan talleres, como el de zapatería, el costurero o la carpintería. La construcción del hospital provincial fue determinante en la atención sanitaria de la ciudad y en su crecimiento urbanístico. Se concibió como un hospital moderno, con salas de aislamiento de infecciosos, de maternidad, organización por sexos.

• La hacienda: asumiendo el papel de recaudadora de impuestos que ha tenido a lo largo de la historia: como el de los arbítrios de rodaje.
• Las elecciones: la secretaría de la Junta Provincial Electoral la ostentaba el secretario de la Diputación que era el depositario de sus documentos.
• La educación presente mediante la concesión de becas y ayudas a los alumnos más destacados para proseguir con sus estudios, como a Roso de Luna o al pintor José Bermudo, quien solicita se le pensione para seguir sus estudios de Pintura en Roma.
• La Diputación estuvo presente en grandes acontecimientos, como la boda del Rey Alfonso XII. Según se recoge en el acta de pleno, la Diputación pagó los gastos de la comparsa enviada por el Ayuntamiento de Montehermoso. Una pareja de aldeanos acudió en 1878 a Madrid a la boda. Para la Exposición Iberoamericana que se celebró en Sevilla en 1929, la Diputación envió unas serie de fotografías o documentos del Archivo procedentes de la desamortización eclesiástica del Monasterio de Guadalupe: cartas de los reyes de la Casa de Borbón (desde Felipe V a Carlos IV), cartas de magnates y ministros (S. XVIXVII), provisiones reales y privilegios, etc.

La primera sede de la Diputación Provincial de Cáceres pudo ser, según algunos estudios, una casa en alquiler en la Calle Empedrada (hoy General Ezponda). Será en 1868, cuando el Ayuntamiento le ceda el solar ocupado por el Convento Jerónimo de Santa Maria de Jesús, fundado en el siglo XV. Tras algunas reformas en el edificio, en 1871, pasa a convertirse en Palacio de la Diputación que, en aquellos momentos comparte edificio con otras instituciones como el Gobierno Civil, la Inspección de Vigilancia o una Escuela Normal del Maestras entre otras. A finales de siglo la administración provincial pierde eficacia y adquiere progresivamente mayores deudas. Se hicieron tímidos intentos de reforma, pero ninguno fue efectivo hasta la Dictadura de Primo de Rivera en que se aprueba el Estatuto Provincial de 1925. En virtud de este, la Diputación pasaría a estar presidida por un diputado. El gobernador civil no tendría voto en las sesiones de la Diputación, y solamente los tribunales de justicia podrían suspender cargos o revocar acuerdos. Pese a esto, el Gobernador Civil podía suspender actuaciones de la corporación provincial en caso de infracción manifiesta de las leyes que generasen grave perturbación del orden público. El problema residía en que esto era al arbitrio del gobernador y, en última instancia, del Gobierno Central (4). Con este estatuto las Diputaciones asumen sus competencias iniciales y son dotadas de nuevos recursos para cumplir con ellas. Desempeña entonces en Cáceres la presidencia de la corporación Gonzalo López-Montenegro.

Con la II República se afianza la autonomía local, que se vio truncada con la guerra civil en 1936, asumiendo los consejos provinciales todas las competencias y quedando disueltas las comisiones gestoras. No podía faltar la implicación de la Diputación en la guerra civil. Nada más producirse el Alzamiento, la Diputación se reúne en Pleno, presidido por el Vicepresidente, porque al Presidente lo habían encarcelado, acto seguido los trabajadores tuvieron que firmar la adhesión al Régimen. En este contexto se crea en la provincia de Cáceres un organismo, único en toda España, el Tesoro Provincial que, en forma de patronato, estuvo destinado a premiar, en el momento de su licencia, a todos los soldados cacereños que hubieran contribuido a la victoria. También sirvió para ayudar a las clases necesitadas mediante la construcción de casas baratas dando lugar además a la creación de empleo. Junto al Tesoro Provincial se crea en cada municipio una junta local con excepción de algunas más republicanas como Guadalupe o Alía. El Tesoro Provincial recaudaba dinero mediante la aportación mensual de los mutualistas asociados u ofrendas de las clases más adineradas. Este dinero se repartiría al final de la contienda entre los soldados o sus herederos (viudas o huérfanos). En torno a las circunstancias que generaba la guerra civil surge también la Comisión Provincial de Valoración de Requisas destinada a requisar toda clase de bienes inmuebles, muebles, derechos, alojamiento, automóviles, animales, industria para conseguir un fin militar en momentos de guerra. Por mandato del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, organismo se creó en enero de 1938 con la finalidad de dirigir e inspeccionar los proyectos de reconstrucción, tanto de viviendas, monumentos artísticos, como de infraestructuras, dañadas por la guerra civil en el territorio denominado «nacional» se enviaron cuestionarios a los Ayuntamientos de la provincia para reparar los daños causados en las zonas devastadas.

La legislación franquista supuso una involución en el asentamiento de la autonomía local. El franquismo suprimió de forma drástica todos los elementos o caracteres democráticos de las diputaciones provinciales. Pese a ello, las diputaciones adquirían más competencias de control sobre los Ayuntamientos. La provincia ganaba terreno frente a la localidad en la dictadura franquista, pero la diputación y la provincia perdían poder frente al Estado, dentro de un acusado centralismo. Esto se debió, sobre todo, a la creación de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos que se hizo cargo de muchas atribuciones. Presidida por el gobernador civil, se dedicaba al estudio y resolución de planes para el desarrollo de la cooperación provincial con los servicios municipales. (5) De todos estos organismos citados y de muchos otros el archivo guarda su fondo documental dentro de los Fondos Interisntitucionales que conserva. En la Diputación de Cáceres, entre 1950 y 1965 se suceden una serie de reformas: entre ellas la colocación en la fachada del Palacio de una portada renacentista procedente del Seminario Galarza. Será la Constitución de 1978 la que les dé un carácter más descentralizado y oriente las Diputaciones hacia la puesta en marcha de servicios públicos municipales, comarcales o supracomarcales. (6)

Las Diputaciones en nuestra época tienen funciones de colaboración con los Ayuntamientos y gestionan los intereses de cada provincia. Están compuestas por un presidente, uno o varios vicepresidentes, la junta de gobierno y el pleno. Son órganos electivos por los concejales elegidos de los Consistorios de cada provincia. (7)

Fuentes:

Notas:(1)https://www.historiarum.es/news/las-diputaciones-provinciales-en-la-historia-de-espana-por-m%C2%AA-carmen-martinezhernandez/
(2)MORELL OCAÑA, Luis. La Administración Local, Madrid: Tecnos, 1988
(3)https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/diputaciones-provinciales-siglo-xix/20160223135606125699.html
(4)https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/diputaciones-provinciales-siglo-xx/20160224135956125735.html
(5)Ibiden
(6)BALLESTEROS SAN-JOSÉ, PLÁCIDO y RODRÍGUEZ CLAVEL, JOSÉ RAMON. Los archivos de las Diputaciones. Qué son y cómo se tratan. Ediciones TREA. Archivos siglo XXI: Gijón, 2010.
(7)https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/diputaciones-provinciales-siglo-xx/20160224135956125735.html